LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN VISTA POR QUIEN SE EXPRESA

“Vamos a ver si acabamos con ese fantasma de las garantías y fijamos cuál es la posición de este Gobierno. No existen tales garantías. No existe más que el decreto del 15 de abril en el que el Gobierno fijó sus propios derechos y se arrogó la facultad de suspender, en la parte que fuera necesaria, tantas veces como lo creyera oportuno. El Gobierno, ante la Cámara, responde como está respondiendo ahora; pero sus poderes son plenos y sin más limitaciones que las que él se puso el 15 de abril”.


¿Quién podría decir que estas palabras, pronunciadas en el Parlamento de España, no lo han sido esta misma mañana, unas pocas horas antes de empezar a redactar este artículo?
El Gobierno republicano-socialista se crea en España tras los comicios del 12 de abril de 1931, que no olvidemos, fueron unas elecciones municipales ganadas por las fuerzas republicanas en la mayor parte de las capitales del país (que no en zonas rurales) y que aprovecharon para transformarlas en plebiscitarias y exigir al monarca, Alfonso XIII, su renuncia inmediata al trono.
Sí. Este fue el discurso de Miguel Maura en el Parlamento, pronunciado el 24 de agosto de 1931, apenas cinco meses después de proclamada la segunda república.
Bien, pues en estas estamos el 13 de mayo de 2020. No quiero entrar hoy en disquisiciones sobre cuestiones coincidentes de entonces y de hoy que podrían llevarnos a un diálogo de besugos amorfo y sin sentido. Sólo un apunte respecto al gran parecido que tiene nuestro vigente texto constitucional con respecto al derecho a la “libertad de expresión” y la redacción del artículo 34 de la Constitución de diciembre de 1931, que, sobre aquella decía: Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme”
Para cualquiera que tenga sólo dos dedos de frente, resulta más que meridianamente claro que, desde el Gobierno de Pedro Sánchez, se están dando los pasos necesarios para cercenar de forma interesada y partidista la información, al tiempo que se coarta la capacidad de respuesta de un pueblo con ardientes deseos de hablar libremente y mantenerse en el reproche claro y contundente a ese Gobierno que lo amordaza.
Partido Orden y Ley

Hoy, igual que ayer, igual que en la república que devino de forma inexorable en la guerra civil de 1936, la libertad de expresión está siendo atacada indisimuladamente.
En nuestra Carta Magna, es el artículo 20 el que ampara los derechos que se relacionan con la plena libertad de poder decir, de poder expresar, de poder argumentar. Quiero traer aquí mismo el texto constitucional al que me acabo de referir porque es importante tenerlo presente en todo momento.
Es un texto cuya redacción, francamente sencilla, que no debería dejar lugar a dudas, en la realidad sí que ha llegado a plantearlas, por lo que ha sido objeto de sesudas disecciones vertidas desde todos los foros posibles, incluido el propio Tribunal Constitucional.
POLE no quiere enmendarle la plana a nadie, faltaría más, sin embargo, en este preciso momento, tan difícil para todos los ciudadanos, consideramos imprescindible hacer, una vez más, un ejercicio reflexivo sobre este asunto desde nuestra habitual costumbre de “no buscarle tres pies al gato”, lo que no debe confundirse con un análisis simplista de esta cuestión.

Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

Como no pretendo en este momento redactar una tesis sobre el derecho a la libertad de expresión y sus límites, solo anotaré un par de apuntes conceptuales respecto de este artículo 20 a fin de apuntalar el argumentario posterior.
El derecho a la libertad de expresión supone, de una parte, tanto el derecho “a poder decir” como el derecho a “recibir” información o ideas de cualquier tipo mediante cualquier procedimiento. De la misma forma, el derecho fundamental de la libertad de expresión tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas u opiniones, que comprende también la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea montaraz y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, cuestión a la que no escapan las instituciones públicas, incluidos los gobiernos de un Estado.
Por otra parte, lo que la Constitución en su artículo 20 protege, es la comunicación que transmite “información veraz” (art. 20-1d), ésta relativa a asuntos de relevancia pública. El problema que se plantea con la exigencia de veracidad de la información es que, si bien no se identifica con la realidad incuestionable, requiere un específico deber de diligencia por parte de quien informa de que lo que se transmite haya sido contrastado previamente con datos objetivos. Y aquí es donde radica el gran problema: por qué el ciudadano de a pie tiene que dilucidar a cada momento si la información recibida es cierta o no, por qué debe decidir si la información recibida como no veraz lo ha sido por falta de diligencia en el deber de contrastar la noticia con datos objetivos o se debe directamente a la intención decidida de faltar a la verdad o más aún, de mentir.
El ciudadano exige la verdad. Y en nuestra humilde opinión, tiene todo el derecho a ello. También en nuestra humilde opinión no es salvable ni legal ni constitucionalmente el hecho de que una información sea sólo veraz, porque en la duda entran en juego valoraciones tan trascendentes que pueden llegar a cambiar la vida pública hasta extremos inaceptables. Admitimos que el hecho de la comunicación de una noticia casi siempre va unida a algún elemento valorativo que determina la formación de una opinión, lo que no resulta negativo, siempre que la noticia además de veraz, sea verdadera.
El Gobierno actual, que es el mismo que el que estaba en funciones meses atrás, ha decidido dar voz a todo aquello que sirve a sus intereses (vamos a dejarlo así por el momento) y, por el contrario, acallar toda disidencia, aunque ésta provenga del clamor unánime de todo el pueblo español, coartando e incluso impidiendo la “capacidad de decir”. Ha cambiado la vida pública hasta extremos inaceptables.
Es conveniente, también ahora, recordar lo que sin ningún género de duda certifica el punto dos del artículo primero de nuestra Carta Magna:

Artículo 1.2
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

El Pueblo Español, es el que ha otorgado al Partido Socialista Obrero Español una mayoría parlamentaria en las últimas elecciones a Cortes Generales del 10 de noviembre de 2019, en base a la campaña más traidora de la historia, configurando después el peor de los gobiernos posibles con partidos separatistas, los herederos de la banda terrorista ETA y los comunistas del señor Iglesias. El resultado es el que hoy estamos viviendo.
Por eso el Pueblo Español, como depositario de la soberanía nacional, ha decidido unánimemente salir al balcón de su casa y gritar a pleno pulmón con música de cacerolas: “¡Gobierno dimisión!”. Por eso el Pueblo Español ha decidido salir a la calle en defensa de su Nación portando la bandera de España y gritar: “¡Gobierno dimisión!”. Claro, como esto no puede consentirse porque no favorece los intereses del Gobierno, se prohíbe con el mismo cuajo con el que no se prohibieron meses atrás las manifestaciones en contra de la unidad de España en Cataluña en medio de una nocturnidad y violencia extrema, en las que una importante masa de jóvenes encapuchados (clara intención de no ser identificados), ejercieron una presión brutal sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abandonadas a su suerte por el mismo Gobierno que hoy prohíbe las diurnas y pacíficas manifestaciones de ciudadanos de toda España que reclaman el fin de la era Sánchez al grito de “¡Gobierno dimisión!”.
El Gobierno, en su afán de controlar y sobretodo cortar la información que circule contraria a sus intereses, cosa que sobradamente sabe que no puede hacer excepto si ese control está apoyado en la ley, recurre al mezquino encargo que hace a las mismas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (recordemos que son “un gasto superfluo”), a las que abandonó en Cataluña, y les ordena desde el Ministerio del Interior, a través de los Delegados del Gobierno, que se intensifique la monitorización de las redes sociales para anticiparse a las movilizaciones de ciudadanos que pretenden expresar el hecho de que son contrarios a su gestión, al grito de “¡Gobierno dimisión!”. La escusa, pobre hasta la hilaridad, es garantizar que se cumplen las restricciones a la circulación impuestas por el Ministerio de Sanidad para evitar la propagación del coronavirus.
No podemos evitar pensar que es más que evidente que el Gobierno está haciendo un uso político de la Policía, obligándola a tomar iniciativas para que no se realicen acciones que, en principio, no sólo no son ilegales, sino que ni siquiera pueden considerarse reprochables, como por ejemplo, circular en tu propio coche con una bandera de España en su interior, sin más.
Estas actitudes conllevan inevitablemente que se genere una corriente o sentimiento de aversión hacia la Policía, poniendo a la ciudadanía en su contra, cuando la realidad es que sus agentes se limitan a cumplir las órdenes recibidas desde la política, que es la verdadera responsable de esta dantesca situación, que sitúa a los agentes de policía frente a los ciudadanos en un alarde de cínico e ilegítimo control.
Estamos absolutamente seguros de que se está generando un alto grado de malestar en la Dirección General de la Policía porque tienen muy claro que se está utilizando la Institución para impedir que los ciudadanos organicen protestas contra el gobierno, con las consecuencias que todo este asunto pueden llegar a generar.
Queremos concluir con una última reflexión sobre la libertad de expresión y una sentencia de los tribunales. Como reflexión afirmamos que la libertad de expresión es un derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos y que debería protegerles frente a cualquier injerencia de los poderes públicos. La S 136/1999, de 20-7 dice que no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen amenazas o intimidaciones (“o la prórroga del estado de alarma o el caos”) de forma directa o velada a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de libre.

Madrid, a 14 de mayo 2020
Rafael PARDO
Secretario General del Partido Orden y Ley (POLE)

 

"

General

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de sus datos para estos propósitos. Ver
Privacidad