¿PORQUÉ EL ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA ES EL MAL DE ESPAÑA?

Si escribo estas líneas es porque mi moral y mi ética me lo exigen. De cuanto en ellas narro, no pienso pedir perdón. Es mi estilo porque yo escribo mis propias líneas y discuto mis propias ideas.

El artículo más controvertido de la constitución española de 1978 aunque no se quiera reconocer, es el artículo 2. Artículo que le reviste un halo de naturaleza troyana, redactado, en el pensar de muchos, con la intención manifiesta de romper nuestra nación, la más antigua de Europa, el primer Estado moderno de la historia de Europa.

Dice este artículo troyano: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”.

Hagámosle a este artículo una necropsia jurídica inteligente, apelando al saber inductivo, deductivo, comparativo y contrastado, que no engaña. Luego reparemos el daño causado por este endemoniado troyano que rompe España.

Pues bien, estamos ante un artículo que no se consagra en la eficacia administrativa, sino en identidades políticas. Así se reconoce cuando habla de nacionalidades. Y esto supone un problema mayúsculo para nuestra nación.

Cuando se habla de nacionalidades, se está definiendo una nación, reconociendo diferentes lenguas, diversidades culturales, un sistema de educación distinta, un sistema fiscal diferente, una política de gobernabilidad administrativa ajena que choca frontalmente con el principio de unidad.

Cuando se usa la palabra “nacionalidades”, se está revistiendo a una comunidad social con una organización política propia y un territorio con órganos de gobierno propios, que es soberano e independiente políticamente de otras comunidades. Y eh aquí lo que este artículo al introducir el término “nacionalidades” genera, guste o no, la situación perfecta para desestabilizar la unión sólida de la unidad indivisible de una nación como la que es España.

No hay mejor manera de romper una nación con un pasado histórico cultural común, que introduciendo un término vírico como es el de “nacionalidades”, que es el caso de España, olvidando que España es la nación más antigua de Europa.

Este término comienza dividiendo el lazo histórico cultural común entre la ciudadanía, hasta entonces sólido, y que ahora enfrentando a unos con otros. Le sigue la ruptura lingüística, la estructura económica, comercial de la nación y aparece la riña política, y esto hace débil a un Estado y su gobierno.

El ejemplo más evidente lo tenemos con el actual gobierno PSOE/Unidas Podemos que cede a sentarse y hablar de dialogo y conciliación con partidos independentistas, antiespañoles que rompen la Nación.

La riña política en muchos casos va acompañada de manifestaciones violentas y de organizaciones criminales que practican un terrorismo sanguinario que siega la vida de miles de inocentes, que es el caso de España con ETA, GRAPO, FRAP, TERRA IURE y otros tantos. Intereses ajenos, intereses de mercado, cuyo origen es extranjero entran en puga, sin escrúpulos por sacar el mayor beneficio posible, que generalmente es la compra de un país a precios de ganga. Este es el caso de la apropiación de nuestras aguas soberanas por Marruecos y Argelia y la compra de nuestras riquezas por las oligarquías financieras más poderosas del mundo.

Los redactores de este artículo 2 de la Constitución española, sus padres, consagraron en su redacción el término “nacionalidades” como la palabra evangélica de la democracia, cuando lo único que consagra es la doctrina de la negación y de la inestabilidad democrática, “que España es patria común….de todos los españoles”. Pero cómo va a ser España patria común de todos los españoles cuando no hay una nación común. Y no la hay porque los redactores de este artículo troyano en su redacción no reconocen una nación única y común, reconocen 17 comunidades que más bien son 17 Estados fallidos, que más bien son 17 naciones. Empezando por Andalucía, que reformó su estatutos de autonomía y abrazo su nacionalidad, que en un futuro podrá en toda regla independizarse, El mismo paso que llevan Vascongadas, Cataluña, Baleares y Valencia que lo tiene en el punto de mira.

Y esto es así porque este artículo 2 de la CE es la llave que legitima a una región para que se independice. Artículo responsable de la España que se está fragmentando, desviando, rompiendo, descomponiendo, y que además huele, y para quienes no entiendan de criminalística de campo en su fase enfisematosa-colicuativa, esto quiere decir que está putrefacta y enemistada entre sí.

Un artículo cuyos redactores y legisladores si sometieron a un riguroso estudio de las consecuencias a las que pudiera desembocar, de modo que se puede afirmar que quienes alumbraron este artículo hicieron su propia ley troyana, a sabiendas de que en futuro inmediato se violaría el derecho de la igualdad constitucional, el de justicia y el de la libertad, asentando todo menos un Estado de Derecho. Queda ejemplarizado en lo que ocurre en Cataluña donde por rotular en castellano se condena con multa cuantiosa, golpistas que se rebelan contra España son indultados y la libertad de educar en castellano es inexistente.

Hay algo más, este artículo 2 de la CE alimenta las pactocracias para apoyarse en intereses creados y corrompidos entre autonomías haciendo que esa corrupción política y social aparezca como algo cotidiano e irresoluble.

Este artículo, desde esta perspectiva constituye el protocolo perfecto, el manual de instrucciones mejor redactado, aquí como en ningún otro lugar de la tierra, de cómo destruir la unidad de una nación en un tiempo record.

Este artículo, si no queremos desaparecer, hay que tumbarlo porque atenta contra los españoles y nuestra unidad, la de 400 años como nación, de hombres y mujeres que cultivan nuestros campos, echan redes al mar, trabajan nuestras fabricas, empresas, minas, factorías, empresas, pensionistas, profesionales, emprendedores, profesores que educan y enseñan a nuestros, hijos, médicos y enfermeras que nos curan y cuidan cuando enfermamos, farmacéuticos, transportistas, banqueros, bomberos, policías que patrullan nuestras calles, velan por nuestra seguridad, industriales, juristas, que estos son sólo algunos de los españoles que hacen que España funcione.

Este partido y su buena gente apelan a vuestras esperanzas, no a vuestros miedos, a vuestra confianza antes que a vuestras dudas, porque nosotros lo damos todo por y para los españoles, sin distinguir entre derechas, centro  izquierda. Nosotros somos españoles.

Decimos No al artículo 2 de la CE, no al Estado de Autonomías y no a las nacionalidades. Decimos Si a un Estado administrativamente centralista y unitario, en libertad, como Estado Social y Democrático de Derecho, cediendo competencias administrativas, las necesarias a cada una de las regiones españolas, que como es evidente, están muy lejos de este artículo 2 de la CE de 1978, con el cual el partido Orden y Ley no comulga. Todo ello conforme a lo previsto en el artículo 103 de la CE, que dice: “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Jerarquía, significa que la Administración debe estructurarse en órganos dependientes jerárquicamente unos de otros. Los órganos superiores dirigen y fiscalizan a los inferiores dependientes de aquellos

Descentralización, debe introducir el concepto: funcional, entendido como la transferencia permanente o temporal de competencias de los órganos de una Administración a otra distinta.

Desconcentración, debe incluir los conceptos: funcional y territorial, que no es otra cosa que la transferencia de funciones de forma permanente o temporal de los órganos superiores a los inferiores.

Coordinación, lo que significa que la organización administrativa debe conseguir la unidad en la actuación, evitando la duplicidad de la administración pública.

Y todo ello en la búsqueda del primero de los principios exigidos en el artículo constitucional: Eficacia, que debe implementarse partiendo de dos elementos esenciales: economía y simplicidad. Economía, en tanto en cuanto debe encontrarse la suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Simplicidad, por la que debemos entender claridad en los procedimientos y proximidad a los ciudadanos.

Con estos conceptos no estamos inventando nada, ya se recogen en nuestro ordenamiento jurídico, lo que sucede es que eliminamos de la ecuación a la Comunidad Autónoma y su monstruosa estructura.

30, marzo 2020.

 

Gonzalo CHICHARRO

Presidente del Partido Orden y Ley

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